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7.2. Marco político, legal e institucional de la gestión de los residuos

El país cuenta con el Plan Nacional de Acción Ambiental (Planaa) 2011-2021, instrumento de planificación ambiental nacional de largo plazo, que contiene las metas prioritarias en materia ambiental para los próximos 10 años, el cual representa nuestro reto y compromiso con la presente y futuras generaciones. Uno de los temas priorizados en el Planaa, debido a la magnitud del problema ambiental identificado en el país, es el de los residuos sólidos.

El objetivo N° 2 del Planaa menciona la necesidad de asegurar una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral de las personas, a través de la prevención de la afectación de ecosistemas, la recuperación de ambientes degradados y la promoción de una gestión integrada de los riesgos ambientales, así como de una producción limpia y ecoeficiente. Para cumplir este fin se establece como meta que el 100 % de los residuos sólidos del ámbito municipal sean manejados, reaprovechados y dispuestos adecuadamente.

Asimismo, plantea las siguientes estrategias para cumplir con este objetivo:

·  Asegurar el tratamiento y disposición final adecuados de los residuos sólidos del ámbito municipal

· Minimizar la generación, y mejorar la segregación, recolección selectiva y reciclaje de residuos sólidos en el ámbito municipal

· Reducir la generación de residuos peligrosos del ámbito no municipal y mejorar su tratamiento y disposición final

· Incrementar el reaprovechamiento y disposición adecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Fuente: Ministerio del Ambiente. (2013). Plan Nacional de Acción Ambiental. Planaa-PERÚ 2011-2021. Lima: MINAM

Por su parte, el marco normativo específico para la gestión de los residuos sólidos en el Perú está definido principalmente por la Ley General de Residuos Sólidos (ley N° 27314-2000), su reglamento aprobado mediante el D. S. N° 057-2004-PCM y la modificatoria de la Ley General de Residuos Sólidos (D.L. N° 1065-2008). Estos instrumentos legales tienen una antigüedad de 15 años.

Las experiencias adquiridas en su implementación a escala nacional, regional y local, junto con el contexto actual, en el cual es prioritario acelerar las inversiones en la gestión integral de residuos, demandan una necesidad de actualización de estos instrumentos. Ante esto, las autoridades que desarrollan la temática ambiental en el país están preparando un marco normativo que permita reducir las brechas existentes en los servicios de limpieza pública; principalmente en el manejo y supervisión de los residuos del ámbito no municipal, así como la inexistencia de infraestructuras adecuadas para la disposición final y el tratamiento de los residuos sólidos.

Fuente: Ministerio del Ambiente (MINAM)
Elaboración: Equipo técnico EsDA-MINAM

Complementando el planteamiento y actualización de los instrumentos legales, existen cambios significativos en la estructura institucional referida a la gestión ambiental. Actualmente, el ente rector responsable de la temática ambiental en el país es el Ministerio del Ambiente, el cual fue creado en el año 2008, al igual que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

La normativa anteriormente descrita se desarrolló antes de la creación de estas instituciones; en ese momento, las competencias ambientales se encontraban en los diferentes sectores. Estas atribuciones han sido derivadas sistemáticamente al MINAM. Sin embargo, este proceso no ha concluido; sobre todo en la gestión de residuos no municipales, pues los sectores aun no cumplen del todo con reportar los avances al ente rector ambiental.

El MINAM, conforme lo establece la Ley General de Residuos Sólidos, tiene entre sus competencias el aprobar la Política Nacional de Residuos Sólidos y coordinar con las autoridades sectoriales y municipales la debida aplicación de la ley.

Desde la creación del MINAM, una de las prioridades de gestión ha estado asociada a mejorar la temática de residuos sólidos, por lo que se estableció la estrategia de “Municipios ecoeficientes”, en la que la gestión integral de residuos sólidos merece una primera atención.

Fuente: Ministerio del Ambiente (MINAM)
Elaboración: Equipo técnico EsDA-MINAM

Considerando las potencialidades y la situación ambiental del país, en materia de residuos sólidos, es que el Estado peruano ha ratificado tratados internacionales multilaterales, regionales y bilaterales que establecen importantes compromisos y oportunidades para la gestión de residuos sólidos, la preservación del ambiente y la competitividad del país. Cumplir los objetivos planteados en dichos tratados también contribuiría a la erradicación de la pobreza, equidad de género e inclusión social y desarrollo sostenible.

Entre los tratados firmados y ratificados por el Perú, encontramos los siguientes:

· Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación (1989)

– Conferencia de las partes COP 4 (1998)

– Conferencia de las partes COP 5 (1999)

– Conferencia de las partes COP 6 (2002)

– Conferencia de las partes COP 7 (2004)

– Conferencia de las partes COP 9 (2008), que dio como resultado la Declaración de Bali

· Conferencia sobre medio ambiente y desarrollo (CNUMAD) de Río de Janeiro: Cumbre para la Tierra (1992)

· Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático

– Conferencia de las partes COP 2 (1996)

– Conferencia de las partes COP 3 (1997), que dio como resultado el Protocolo de Kyoto

– Conferencia de las partes COP 4 (1998)

– Conferencia de las partes COP 5 (1999)

– Conferencia de las partes COP 8 (2002)

– Conferencia de las partes COP 16 (2010)

– Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río+20 (2012)

· Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995)

· Comisión de la condición jurídica y social de la mujer de las Naciones Unidas (1996)

· Convenio de Rotterdam (1998)

· Cumbre del Milenio Nueva York (2000)

· Convenio de Estocolmo (2001)

· Cumbre mundial sobre desarrollo sostenible (Johannesburgo, 2002)

· Convenio de Minamata (2013)

Cabe precisar, que los compromisos internacionales asumidos se encuentran enmarcados en el eje de política 4: Compromisos y oportunidades ambientales internacionales señaladas en la Política Nacional del Ambiente.