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12.3.3. Enfoques voluntarios y responsabilidad social empresarial, transparencia en industria extractiva.
Enfoques voluntarios y responsabilidad social empresarial
· El Estado peruano ha promovido mecanismos que permiten a los titulares mineros canalizar de manera eficiente los fondos destinados a su labor de responsabilidad social empresarial. Iniciativas como el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP) y la incorporación del anexo IV a la declaración anual consolidada[334] contribuyen a que dichas empresas lleven a cabo actividades de desarrollo sostenible por medio de aportes a programas sociales integrales, así como a su desarrollo e implementación. El PMSP fue suscrito por 40 titulares mineros y el monto global, depositado entre 2007 y 2010, asciende a S/ 2 285 206 403,39.
El PMSP[335] es un compromiso de aporte económico voluntario, extraordinario y temporal celebrado entre las empresas mineras, el Ministerio de Energía y Minas, y el Ministerio de Economía y Finanzas. Su objetivo principal es promover, mediante la ejecución de obras, proyectos o programas, el bienestar y desarrollo social, y contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones ubicadas, principalmente, en las zonas donde se desarrollan actividades mineras[336].
Es así que entre el 2007 y el 2011, cuarenta empresas mineras suscribieron los convenios del PMSP con el Estado peruano[337].
El PMSP estableció un aporte a dos tipos de fondo: local y regional. La base de cálculo para ambos es la utilidad neta anual de la empresa aportante después del impuesto a la renta y antes de la distribución de dividendos[338].
El monto global de dinero que se depositó al PMSP desde el 2007 hasta el 2011 es de S/ 2 285 206 403,39. En el siguiente cuadro se detallan las sumas de dinero en moneda nacional depositadas al PMSP teniendo en cuenta los tipos de fondo[339] (regional, local) y lo depositado a la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (Minem). Comisión Sectorial PMSP
A continuación, se detallan los montos comprometidos y ejecutados de los fondos local y regional atendiendo a los rubros que han sido destinados durante la existencia de dicho programa (periodo 2007-2011).
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (Minem). Comisión Sectorial PMSP
Por otro lado, la declaración anual consolidada (DAC)[340] es una declaración jurada mediante la cual los titulares de la actividad minera informan al Ministerio de Energía y Minas sobre las labores desarrolladas en el año anterior. La obligación de reportarlas atañe a titulares de la gran y mediana minería, al pequeño productor minero y al productor minero artesanal. Como parte de la DAC, en el anexo IV (actividades de desarrollo sostenible), las empresas remiten información sobre las inversiones sociales en las zonas de influencia de los proyectos mineros.
Desde el 2007 hasta el 2014, el total de inversión social reportada se ha incrementado en el orden de S/ 199 601 352, S/. 696 608 047 y S/. 3 272 946,550 y destacan el empleo local como rubro con mayor inversión, seguido de los rubros economía local e infraestructura básica.
Fuente: Fuente: Ministerio de Energía y Minas (Minem)
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (Minem)Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Declaración jurada anual de actividades de desarrollo sostenible. Recuperado de http://intranet.minem.gob.pe/
· El Estado peruano ha impulsado el cumplimiento de las obligaciones de carácter socioambiental por parte de las empresas mineras por medio de diversos organismos públicos a lo largo del tiempo[342]. Además, a partir del 2010, gracias a la especialización técnica en materia de fiscalización ambiental, se ha logrado sistematizar dicha labor. De esta manera es posible identificar, sistematizar y verificar el cumplimiento de las obligaciones socioambientales señaladas en los planes de relaciones comunitarias de los instrumentos de gestión ambiental que poseen los titulares mineros.
Durante las supervisiones socioambientales se lleva a cabo la identificación, verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de carácter social incluidas en el Plan de Relaciones Comunitarias, entre ellas el código de conducta; el programa de comunicación y consulta; el programa de empleo local; el programa de acuerdos, compensaciones e indemnizaciones; el programa de monitoreo y vigilancia ciudadana, y el programa de aporte al desarrollo local.
Desde febrero del 2013 hasta julio del 2015 se han efectuado 103 inspecciones socioambientales a empresas mineras que corresponden al estrato de mediana y gran minería, tal y como se detalla a continuación:

Fuente: Ministerio del Ambiente (MINAM). Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)
· En el 2014, el Estado peruano ha implementado el denominado registro de buenas prácticas[344], mecanismo de información que permite conocer qué empresas del sector minería cumplen con la normativa ambiental, con el objetivo de promover una cultura empresarial social responsable con su entorno que permita, posteriormente, incorporar a dichas empresas en el denominado régimen de incentivos en el ámbito de la fiscalización ambiental[345]. Este régimen fomenta en las empresas mineras la implementación de prácticas de producción limpia y de medidas o procesos para prevenir o reducir la contaminación ambiental en mayor medida a lo exigido en la normativa vigente.
En el registro de buenas prácticas se encuentra inscrita toda unidad minera fiscalizable que no cuente con presuntas infracciones administrativas verificadas en la última supervisión ambiental realizada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Desde su implementación en el 2014 hasta julio del 2015 existen doce empresas mineras que se encuentran inscritas en dicho registro[346].
Por su parte, el régimen de incentivos en el ámbito de la fiscalización ambiental plantea otorgar incentivos honoríficos[347] y económicos[348], los cuales serán aplicables a las unidades mineras con actividades económicas que estén bajo el ámbito de competencia del OEFA. Dicha unidad minera deberá estar inscrita previamente en el registro de buenas prácticas ambientales del OEFA. Este régimen fue aprobado en diciembre del 2014 y se encuentra en etapa de implementación (para mayor información sobre el tema, ver el capítulo 3: “Economía y ambiente”).
· El Estado peruano, a través de sus organizaciones públicas, promueve la transparencia y acceso a la información relacionada con las actividades extractivas en el país. Para ello, ha puesto al servicio de la ciudadanía herramientas que permiten tener acceso a la información sobre asuntos ambientales mineros.
El derecho al acceso a la información pública se encuentra instituido en la Constitución Política del Perú[349] y regulado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública[350] y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 072-2003-PCM.
Las instituciones de la administración pública han implementado una serie de mecanismos para facilitar el acceso a información relacionada con sus actividades (normativa, directivas internas, procedimientos, información presupuestal, acciones programadas, entre otros[351]) que son de interés general. Como ya se explicó previamente, el Ministerio de Energía y Minas ha implementado el servicio de evaluación en línea (SEAL)[352] para los procesos de certificación ambiental, el cual permite tener información de libre acceso sobre los estudios presentados por los titulares.
Por su parte, el OEFA[353] ha implantado desde su creación una serie de mecanismos que contribuyen a transparentar información, entre los que destacan[354] registro de actos administrativos, registro de infractores ambientales, resoluciones de sanción emitidas[355], reportes públicos de supervisión[356] e informes de evaluaciones ambientales[357].
Por otro lado el Ingemmet[358], ha desarrollado el Geocatmin[359] (sistema geológico y catastral minero), el cual permite formular consultas sobre derechos mineros, catastro minero, proyectos mineros, entre otros datos de interés.
· El Estado peruano promueve la transparencia de información proveniente de las actividades extractivas. Por ello, desde el 2005 forma parte de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), alianza estratégica mundial que reúne a Gobiernos, empresas extractivas (minería, petróleo y gas), grupos de la sociedad civil y organizaciones internacionales con el fin de emplear criterios de transparencia en los pagos que hacen las empresas a los Gobiernos y en los ingresos que los Gobiernos reciben de estas empresas, de modo que estos recursos sean usados para fomentar el desarrollo.
Cabe mencionar que el Perú es el primer país del continente americano que cuenta con la calificación de “país cumplidor”, lo que significa que existen niveles satisfactorios de divulgación y transparencia en el manejo de los recursos naturales, así como un proceso en funcionamiento para supervisar y mejorar la divulgación de los datos.
En este contexto, se crea la Comisión Multisectorial Permanente para la Transparencia de las Industrias Extractivas[360], la cual ha elaborado y publicado cuatro estudios de conciliación nacional (2004-2007 / 2008-2011, 2011-2012 y 2013), tiempo en el que se ha incrementado de 24 a 44 el número de empresas del sector minero que voluntariamente participan de esta iniciativa[361].