En Consejo de Ministros Nro. 98 se aprobó el proyecto de ley que modifica artículos de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA). El proyecto propone un nuevo enfoque de la fiscalización ambiental la que no sólo tendrá como objetivo sancionar, sino que también ofrecerá oportunidades para subsanar omisiones. “Con ello se establece un balance adecuado generando el cambio con aquellos que responsablemente asuman sus obligaciones y con multas muy disuasivas con quienes se resistan” señaló el Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal.

 El fortalecimiento de la fiscalización ambiental que promueve el proyecto tiene como finalidad  garantizar la mejora de la salud de las personas y la calidad ambiental. También, propone una importante modificación respecto al acceso a la información, estableciendo la obligación de las entidades de fiscalización ambiental de poner al alcance del ciudadano la información técnica y objetiva resultante de la toma de muestras, análisis y monitoreo, herramienta útil en prevención de conflictos ambientales.

Asimismo, la referida propuesta establece reglas claras y precisas para el ejercicio de la fiscalización ambiental en actividades cuyos titulares no cuenten con los permisos y autorizaciones requeridos por la normativa vigente, es decir, “la fiscalización incluirá al sector informal que no tiene por qué afectar nuestro derecho a un ambiente sano” agregó el Ministro Pulgar Vidal.

De otro lado, el proyecto incluye mecanismos de reducción de multas por pago voluntario, las que serían aplicables únicamente en caso de infracciones leves,  a través de la aplicación de papeletas ambientales.

Como se ha señalado, se incluyen modificaciones que  representan un incentivo para los operadores y administrados responsables, pues se les otorga la posibilidad de subsanar faltas en el plazo que establezca la autoridad, salvo en aquellos casos que representen daño o riesgo ambiental. De otro lado, incorpora un elemento disuasivo a los operadores irresponsables al elevar el tope máximo de multas de 10,000 UIT a 30,000 UIT

A su vez, OEFA velará porque las entidades de fiscalización en todos los niveles de gobierno cumplan con sus competencias de fiscalización ambiental otorgadas por ley; de lo contrario, podrían someterse a la supervisión de la Contraloría General de la República.

Otros cambios  propuestos  están relacionados con las disposiciones que permitirán mejorar  la cobranza coactiva de multas, a cargo del OEFA, así como la organización del Tribunal de Fiscalización Ambiental, el fortalecimiento de su función normativa, la tipificación de infracciones y la aplicación de papeletas ambientales.

Cabe destacar que el proyecto de ley que modifica  la Ley N° 29325 y  la Ley N° 28611, forma parte de los Ejes Estratégicos de la Gestión Ambiental  aprobados por el Consejo de Ministros y que fueran propuestos por la Comisión Multisectorial, formada por Decreto Supremo Nº 189-2012-PCM.

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